El sector de la salud en Colombia enfrenta incertidumbre debido a que la decisión del gobierno de aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en un 12,01 % para 2024 no cumple con las expectativas. Esta determinación ha generado críticas por parte de la industria de la salud, con la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que representa a varias EPS, señalando que el aumento no corrige las desviaciones acumuladas del sistema.
Las EPS han expresado preocupación por la presión financiera que enfrentan, ya que la UPC actual no cubre adecuadamente el costo de los servicios que prestan. Habían abogado por un aumento mínimo del 16 % para abordar esta deficiencia. Los desafíos financieros en el sistema de salud se han ido acumulando desde 2020, y el gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido que enfrentar estos problemas.
Si bien el Ministerio de Salud finalizó el aumento de la UPC, Acemi advierte sobre un alto riesgo financiero para EPS como Sanitas, Sura, Asmet Salud y Compensar. Los fondos asignados a estas entidades pueden no ser suficientes para cubrir sus deudas existentes, lo que podría agravar sus dificultades financieras.
Además de sus problemas financieros, las EPS enfrentarán nuevas responsabilidades en 2024, que requerirán financiamiento adicional más allá de lo que pueda proporcionar el aumento de la UPC.
Estos desarrollos ocurren en el contexto más amplio del escrutinio del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a las EPS desde la inauguración del presidente Petro. El sector de la salud se prepara para cambios significativos, ya que avanza un proyecto de reforma en el Congreso que, de aprobarse como propuso el gobierno, transformaría el papel de las EPS de administradoras financieras a auditores.
El futuro de EPS como Sánitas, Sura, Asmet Salud y otras EPS permanece incierto en 2024, con la decisión del gobierno esperada para tener un impacto profundo en el sistema de salud colombiano.
