Uno de los abogados que lleva el caso de varios ex asociados, fue intimidado y agredido por la Fuerza Pública. A la fecha, denuncian expulsión de más de 500 asociados y control ilegal desde 2011.
La crisis en la cooperativa Velotax llegó a un nuevo nivel tras la intervención de la Superintendencia de Transporte, que mediante la Resolución 2004 del 13 de marzo de 2026 adoptó medidas de control sobre la cooperativa y abrió un nuevo capítulo en una disputa que, según los denunciantes, se arrastra desde hace 15 años.
Durante una entrevista radial, John Quimbaya, abogado de antiguos asociados, aseguró que la actual administración de Velotax se sostuvo mediante maniobras ilegales desde 2011, año en el que, según relató, apareció en escena Jairo Pinilla, tras una asamblea que calificó como irregular.
Desde entonces, dijo, se habrían utilizado “artimañas y leguleyadas” para aferrarse al poder, desconociendo decisiones administrativas, judiciales y derechos de los asociados.
Uno de los datos más impactantes fue el número de asociados. De acuerdo Quimbayo, Velotax pasó de tener más de 600 o 700 asociados a apenas 110 o 120 en 2026. La explicación, según el abogado, sería una presunta estrategia sistemática para expulsar a pequeños propietarios, quitarles cupos, marginarlos de las decisiones y reemplazarlos por nuevos asociados afines al grupo dominante.
El denunciante también cuestionó la versión de quienes afirman que la intervención sería ilegal o que la Supertransporte no tendría competencia. Explicó que la cooperativa, por su naturaleza jurídica, puede ser objeto de este tipo de vigilancia y recordó que la propia Superintendencia ha ejercido medidas similares en otros casos del sector transporte.
“No se están inventando nada”, afirmó, al señalar que incluso existen antecedentes documentados dentro de la misma entidad.
Sobre el futuro inmediato, aclaró que la resolución sí produce efectos, aunque actualmente se surte el trámite de recursos interpuestos por la actual gerencia. Sin embargo, dejó claro que el debate no es solo jurídico, sino profundamente social: “Aquí no se quiere destruir a Velotax; lo que se busca es que vuelva a ser de los tolimenses, de los pequeños propietarios a quienes les arrebataron sus derechos”.
La disputa está lejos de terminar, pero la intervención ya abrió la puerta para revisar 15 años de denuncias, más de 100 quejas, fallos judiciales ignorados y una estructura interna que hoy es señalada por antiguos asociados como un régimen de exclusión y persecución.
Finalmente, rebeló John Quimbayo que para el año 2021, fue intimidado y agredido por la Fuerza Pública.
