La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión contra estos funcionarios y 8 más por celebración irregular de contratos de obras civiles, mejoramiento de interés social, entre otros.
En relación con la celebración irregular de un total de 12 contratos que abarcaban obras civiles, mejoras en viviendas de interés social, mantenimiento de vías y rocería, la Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado a ocho funcionarios de la alcaldía de Alvarado, Tolima, durante la vigencia del año 2014. El primer funcionario, Yesid Fernando Torres Ramos, quien se desempeñó como alcalde titular (2012-2015), fue destituido por un período de 15 años y un mes. La investigación confirmó su implicación en la suscripción de 11 acuerdos ficticios.
En la misma decisión de primera instancia, la entidad ha destituido e inhabilitado al exalcalde en funciones, Álvaro Palma Orjuela (2010-2015), por un período de 12 años y seis meses debido a la firma irregular de un contrato.
Además, otros cuatro funcionarios que se desempeñaban en roles de supervisión y, en algunos casos, de tesorería, han sido sancionados por el mismo período que Palma Orjuela. Estos funcionarios son: el secretario de Hacienda, Pablo Emilio López Trujillo (2004-2014); los jefes de Planeación, Carlos Fernando Cortés Ayala (2014-2015), y de la Oficina de Servicios Públicos, Luis Enrique Corral Guzmán (2013-2015); y la secretaria de Despacho, Dadiana Andrea Peña Hernández (2014-2015).
En el caso del almacenista, Víctor Alfonso Gómez Lozano (2012-2015), y la técnica operativa, Magaly Acosta Romero (2014-2015), quienes desempeñaban funciones similares a los funcionarios previamente mencionados, han sido destituidos e inhabilitados por un período de 10 años.
La Procuraduría ha demostrado que, tras la suscripción irregular de los contratos con el ingeniero Edson Andrés Ospina Arias, quien figuraba como contratista, Yesid Fernando Torres Ramos logró el desembolso de recursos públicos. Además, se ha evidenciado que las obras civiles contratadas y pagadas por la administración municipal no fueron ejecutadas por el mencionado ingeniero.
En el caso de Álvaro Palma Orjuela, la entidad ha concluido que el exmandatario lideró el entramado ilícito utilizando documentos que su hermano recibió del ingeniero, con la promesa de otorgarle un contrato. Estos documentos le sirvieron para estructurar los contratos falsos y posteriormente ordenar su pago, dándole una apariencia de legalidad a sus acciones.
Desde sus respectivas competencias en relación con los contratos, el equipo de servidores públicos encargados de la supervisión, en complicidad con los exmandatarios, cometieron la conducta tipificada como falsedad ideológica en documento público. Esto se debió a que faltaron a la verdad y, en algunos casos, consignaron hechos contrarios a la realidad, infringiendo así el ordenamiento jurídico.
Según el Ministerio Público, «bajo ninguna circunstancia es lógico suscribir contratos para ser pagados con recursos del erario estatal a sujetos no plenamente identificados».
Los ocho funcionarios sancionados han sido destituidos debido a la comisión de una falta gravísima cometida a título de dolo.
En la misma resolución, la Procuraduría ha absuelto de responsabilidad disciplinaria al jefe de Planeación e Infraestructura, César Augusto Martínez (2013-2014), quien solo suscribió los estudios previos de dos contratos y firmó el acta de evaluación en la cual constató que el proponente, Edson Andrés Ospina Arias, no asistió.
