La Conmebol está a la expectativa del orden público y político que se está registrando en estos momentos en territorio venezolano.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está «monitoreando» de cerca la situación política en Venezuela, donde está programado el desarrollo del Campeonato Sudamericano Sub-20 entre el 23 de enero y el 16 de febrero. Esta información fue confirmada por una fuente de la organización en Asunción, en medio de un clima de incertidumbre generado por la juramentación de Nicolás Maduro este viernes en Caracas, rodeada de acusaciones de fraude electoral y llamados a protestas por parte de la oposición.
«Se está monitoreando todo», indicó la fuente a la Afp, refiriéndose a las preocupaciones sobre la seguridad en el país anfitrión del torneo. Las tensiones políticas han llevado a cuestionamientos sobre si es seguro llevar a cabo el evento en Venezuela.
Las inquietudes sobre la seguridad se intensificaron tras declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina, quien sugirió que la Conmebol debería considerar cambiar la sede del campeonato. Durante una entrevista con CNN Radio, Bullrich planteó: «¿Se puede hacer en Venezuela un sudamericano? Habrá que cambiar de sede, la Conmebol lo tendrá que pensar. ¿Argentina va a mandar chicos que los pueden secuestrar?».
Esta declaración se produce en un contexto tenso entre Argentina y el gobierno venezolano, especialmente tras la detención del gendarme Nahuel Gallo, arrestado el 8 de diciembre bajo acusaciones de «terrorismo». Maduro ha afirmado que Gallo formaba parte de una supuesta conspiración para atentar contra la vida de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, una acusación que Bullrich descalificó como «un invento de pies a cabeza».
La Conmebol tiene antecedentes en cuanto al cambio de sedes para sus torneos y encuentros, lo que deja abierta la posibilidad de que se tomen decisiones al respecto si las condiciones no mejoran.
Este mismo certamen que otorga cuatro cupos para el Mundial Sub-20 -a disputarse este año en Chile- tenía como sede Perú y el traslado a Venezuela se produjo después de la detención de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y fraude.
