Masacres, asesinatos de policías, desplazamientos masivos y poblaciones arrasadas hacen parte de los hechos por los que nueve antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las Farc fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La historia del conflicto armado en el Tolima vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc-EP, por hechos que afectaron a la población civil y a integrantes de la fuerza pública en Tolima, Huila y Quindío.
Entre los comparecientes señalados figuran Pablo Catatumbo, conocido como ‘Pablo Catatumbo’, y otros antiguos mandos de esta estructura guerrillera, a quienes la JEP atribuye presuntas responsabilidades en graves violaciones cometidas durante el conflicto armado.
El expediente recoge un aterrador catálogo de hechos: homicidios, masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos, ataques contra civiles y utilización de minas antipersonal. También documenta acciones armadas que destruyeron viviendas, afectaron infraestructura y sembraron el miedo en distintas comunidades.
El Tolima, escenario de una violencia que marcó generaciones
La investigación reconstruye episodios que golpearon fuertemente al departamento, entre ellos las tomas guerrilleras de Roncesvalles y Puerto Saldaña, en Rioblanco. En Roncesvalles, el ataque del 14 de julio de 2000 destruyó más de 30 edificaciones, provocó el desplazamiento de cerca de 800 personas y terminó con el asesinato de 13 policías que se habían rendido.
En Puerto Saldaña, la incursión armada que se extendió entre abril y mayo de 2000 dejó más de 3.600 personas desplazadas, al menos 27 civiles asesinados y alrededor de 200 viviendas destruidas, además de afectaciones a escuelas, puestos de salud y templos religiosos.
La JEP también documentó asesinatos de líderes políticos y comunitarios, amenazas contra autoridades locales y hechos que golpearon a familias campesinas, comunidades indígenas y miembros de la fuerza pública.
Cerca de mil víctimas, frente a una decisión histórica
Para sustentar la imputación, la jurisdicción examinó cerca de 600 expedientes judiciales, 54 informes presentados por víctimas y organizaciones sociales, y las versiones de 22 comparecientes. El análisis incluyó los relatos de 967 víctimas individuales acreditadas y de cuatro sujetos colectivos.
Ocho de los nueve comparecientes fueron señalados como máximos responsables por su liderazgo regional y capacidad de mando. El noveno habría tenido una participación determinante en la comisión de los crímenes investigados.
Ahora, los nueve deberán pronunciarse sobre los hechos atribuidos y podrán reconocer su responsabilidad o controvertir la imputación. La decisión no equivale a una condena definitiva.
Si reconocen su responsabilidad, el proceso podrá avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento y la eventual imposición de sanciones propias de la justicia transicional. Si rechazan los señalamientos, sus casos podrán pasar a la etapa adversarial y, de ser hallados responsables en juicio, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
La decisión busca esclarecer responsabilidades por décadas de violencia y avanzar en la verdad que reclaman las comunidades que sobrevivieron a uno de los periodos más dolorosos de la historia regional.
