Una millonaria exigencia económica quedó en el centro de la condena contra el exmagistrado. Según el fallo, habría solicitado esa suma para gestionar el archivo de investigaciones contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.
La justicia dejó en firme la condena de seis años de prisión contra el expresidente de la Corte Suprema. El fallo señala que habría actuado como intermediario de una estructura de corrupción que buscaba torcer las investigaciones contra el exgobernador Alejandro Lyons Muskus.
Un nuevo golpe judicial sacude uno de los escándalos de corrupción más graves que ha enfrentado la justicia colombiana. Este lunes 19 de octubre, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino y ordenó su captura inmediata para que cumpla una pena de seis años de prisión por su responsabilidad en el denominado cartel de la toga.
En una sentencia de 109 páginas, la Sala de Casación determinó que Tarquino incurrió en el delito de concusión en calidad de interviniente. Según el fallo, después de abandonar su cargo en la Corte Suprema, en octubre de 2014, abrió una oficina de abogados en Bogotá y habría utilizado su nombre, reconocimiento e influencias para ofrecer supuestas gestiones ante el alto tribunal.
El caso que terminó comprometiendo al exmagistrado involucra $2.000 millones. De acuerdo con la decisión judicial, Tarquino le solicitó esa suma al entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de intervenir para que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la contratación pública fueran archivadas.
La Corte estableció que, antes de esa solicitud, Tarquino habría acordado con José Leonidas Bustos Martínez, entonces magistrado de la Sala de Casación Penal, actuar como intermediario de una estructura de corrupción judicial. Según la sentencia, la red presuntamente buscaba incidir en las investigaciones mediante contactos dentro de la Fiscalía.
Lyons Muskus no aceptó la exigencia económica. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que la solicitud del dinero configuró una conducta delictiva. Además, rechazó el argumento de la defensa según el cual Tarquino ya no pertenecía a la Corte Suprema cuando ocurrieron los hechos. Para los magistrados, su antigua investidura y la influencia asociada a ella no eliminaban los deberes vinculados con el cargo que había ejercido.
En uno de los apartes más contundentes de la sentencia, la Corte advirtió que utilizar el prestigio de la función judicial para obtener beneficios particulares deteriora la confianza ciudadana y alimenta la percepción de que las decisiones de la justicia pueden comprarse.
El cartel de la toga sigue dejando consecuencias en las más altas esferas judiciales. Por hechos relacionados con este escándalo también fueron condenados los expresidentes de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte y José Leonidas Bustos Martínez. Según la información suministrada, Ricaurte cumple su condena en prisión, mientras Bustos permanece fuera del país desde hace más de una década.
La orden de captura contra Tarquino marca otro capítulo de un caso que puso en entredicho la independencia y la credibilidad de la justicia colombiana. La decisión judicial busca que el exmagistrado comience a cumplir la pena impuesta.
