El presidente de Colombia anunció que el Estatuto Antiterrorista que presentará ante el Congreso contempla penas severas por el uso de drones para atacar a civiles y a la Fuerza Pública, además de medidas para perseguir a quienes financien actividades terroristas con recursos del narcotráfico y la minería ilegal.
Con un nuevo Estatuto Antiterrorista, el presidente Abelardo de La Espriella pretende fortalecer la persecución de las organizaciones terroristas mediante el congelamiento de bienes, restricciones a la contratación estatal y penas severas por ataques con drones. La iniciativa también apunta a quienes financien actividades terroristas con dinero del narcotráfico y la minería ilegal.
El mandatario confirmó que llevará al Congreso un Estatuto Antiterrorista que busca reforzar la capacidad del Estado para combatir organizaciones que representen amenazas para la población y la Fuerza Pública.
“Lo que hoy tenemos a la mano queda corto, por tanto necesitamos una vacuna y esa vacuna es el estatuto antiterrorista”, manifestó De La Espriella al justificar la presentación de la iniciativa, y comparó la propuesta con una vacuna contra la inseguridad y aseguró que el país necesita instrumentos legales acordes con los desafíos actuales.
Uno de los componentes destacados será el endurecimiento de las penas por utilizar drones para atacar a ciudadanos o integrantes de las instituciones de seguridad. La propuesta también pretende afectar las finanzas de las organizaciones terroristas mediante el congelamiento de bienes y otras restricciones contempladas en el proyecto.
La minería ilegal y el narcotráfico también ocuparán un lugar central en la iniciativa. Según De La Espriella, quienes utilicen recursos provenientes de estas actividades para financiar el terrorismo deberán responder ante las autoridades judiciales.
El estatuto incluiría, además, un registro de organizaciones terroristas y la posibilidad de reducir sustancialmente las penas a quienes entreguen información efectiva antes de la acusación.
