Más de 100 policías llegaron hasta las zonas rurales de Chaparral y Coyaima y dejaron fuera de operación cinco unidades de minería ilegal.
Lo que ocurría a orillas del río Saldaña terminó convertido en uno de los golpes más contundentes contra la minería ilícita en el departamento. Más de 100 policías llegaron hasta zonas rurales de Chaparral y Coyaima y desplegaron la operación “Pijaos VII”, dejando fuera de funcionamiento cinco unidades dedicadas a la extracción ilegal de minerales.
La intervención permitió destruir e inhabilitar 6 excavadoras, 4 dragas tipo buzo, 8 motobombas y 3 motores industriales, maquinaria que, según las autoridades, tendría capacidad para extraer alrededor de 9.520 gramos de oro mensuales.
La cifra es impactante: esa producción podría representar cerca de $3.998 millones al mes en el mercado ilegal.
Pero el golpe económico no terminó ahí. La Policía estima que la operación también afectó en aproximadamente $3.198 millones la infraestructura y cadena logística utilizada para mantener en funcionamiento estas actividades clandestinas.
Y hay otro dato que encendió las alarmas: de acuerdo con las autoridades, el GAO-r Frente Gerónimo Galeano, alineado al Estado Mayor Central, obtendría recursos mediante el cobro extorsivo de cerca del 15 % de la producción mensual. Con la intervención realizada, esa fuente de financiación habría sufrido una afectación estimada en $599 millones.
El operativo también puso nuevamente sobre la mesa el enorme costo ambiental de la minería ilegal. Las autoridades advierten que estas actividades generan graves impactos sobre el río Saldaña y sus ecosistemas, especialmente por el uso indiscriminado de sustancias químicas como el mercurio durante los procesos clandestinos de extracción y procesamiento del oro.
La operación contó con la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas INUMIL, Carabineros y Protección Ambiental, EMCAR, Inteligencia y SIPOL.
