Millonarios pagos de interventoría, una obra con menos del 6 % de avance y presuntas irregularidades en la contratación quedaron en el centro de una investigación penal que ahora llega a los estrados judiciales.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas por las presuntas irregularidades que se habrían presentado durante la selección del contratista y la ejecución del contrato de interventoría del proyecto del puente de la calle 60.
El proceso también involucra a la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.
Más de $1.000 millones con la obra por debajo del 6 %
Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con los pagos realizados al consorcio encargado de la interventoría.
El contrato, por más de $2.997 millones, tenía un plazo de ocho meses y contemplaba el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus interconexiones.
Sin embargo, según la Fiscalía, los pagos debían realizarse de acuerdo con el porcentaje de ejecución de la obra, pero las labores de policía judicial establecieron que el interventor habría recibido más de $1.000 millones cuando la construcción registraba un avance inferior al 6 %.
La Fiscalía también cuestiona la selección del contratista
De acuerdo con la investigación, las exasesoras Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, quienes hacían parte del comité evaluador jurídico, habrían tramitado y aprobado la propuesta presentada por el consorcio representado por Restrepo Albarello, pese a que este, presuntamente, estaría inhabilitado para contratar con el Estado.
El ente acusador también atribuye posibles responsabilidades a los funcionarios que participaron en la supervisión y trámite de los desembolsos.
Según la Fiscalía, Sharon Guzmán habría intervenido en la adjudicación y respaldado actuaciones que permitieron efectuar pagos que no corresponderían a las condiciones pactadas.
Por su parte, Restrepo Albarello, como representante legal del consorcio interventor, presuntamente habría promovido cobros que no se ajustaban a las condiciones del contrato ni al avance real de la obra.
Los exsupervisores Herrán Triana, Peralta Delgado y Zambrano Rodríguez son señalados de presuntamente supervisar, tramitar o avalar desembolsos sin adoptar las medidas que les correspondían para impedirlos.
¿Qué le atribuye la Fiscalía a Hurtado?
Según el ente acusador, el entonces alcalde Andrés Hurtado presuntamente omitió ejercer los controles necesarios sobre el proceso de selección y la ejecución contractual.
Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
El caso del denominado ‘puente fantasma’ de la calle 60 entra así en una nueva etapa judicial, mientras la Fiscalía continúa exponiendo ante los jueces las presuntas irregularidades que habrían rodeado la contratación y el manejo de los recursos públicos destinados a la fallida obra.
