Seis bienes, avaluados en más de $23.775 millones, fueron afectados por la decisión judicial. El fallo también condenó a 10 exintegrantes de la estructura paramilitar por hechos cometidos entre 2001 y 2005.
Un contundente fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá puso nuevamente bajo la lupa el patrimonio relacionado con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, al ordenar la extinción de dominio de seis bienes vinculados a una investigación por el presunto origen ilícito de los recursos utilizados para adquirirlos y desarrollarlos.
Entre los bienes afectados aparecen propiedades en Ibagué, Girardot, Guamo, Lérida y San Luis, entre ellas establecimientos y terrenos relacionados con el denominado Centro Comercial Oasis, además de la Hacienda Guamal y otros predios.
De acuerdo con los elementos analizados en el proceso, la Fiscalía sostuvo que antiguos integrantes del Bloque Tolima de las AUC señalaron que algunos de estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de esa organización.
Uno de los testimonios incorporados a la investigación fue entregado por Indalecio José Sánchez Jaramillo, alias ‘Fredy’, quien habría señalado que el inmueble conocido como Oasis pertenecía presuntamente a Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, y que Charlie Zaa y otra persona habrían actuado como presuntos testaferros.
La investigación también estableció una diferencia entre la adquisición de algunos terrenos y los recursos empleados posteriormente para adelantar construcciones, obras y procesos de licenciamiento. Según la Fiscalía, aunque se habría acreditado el origen legal de algunos lotes, no se habría justificado completamente la procedencia de los recursos destinados al desarrollo de determinadas propiedades.
Un fallo que también condena a 10 exintegrantes del Bloque Tolima
La decisión patrimonial hace parte de una sentencia más amplia contra 10 exintegrantes del Bloque Tolima, por hechos de violencia registrados entre 2001 y 2005 en distintos municipios del departamento.
Los condenados son:
Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexánder Carvajal Rodas, Indalecio José Sánchez Jaramillo, Diego Hernán Vera Roldán, José Albeiro García Zambrano, Benjamín Barreto Rojas, José Wilton Bedoya Rayo, Misael Villalba Veloza, Óscar Oviedo Rodríguez y Leonardo Lozano.
El Tribunal documentó 29 hechos de violencia ocurridos en municipios como Ibagué, Chaparral, Ataco, Cajamarca, Coyaima, Dolores, El Espinal, Guamo, Honda, Lérida, Líbano, Natagaima, Ortega, Prado, Purificación, Saldaña, San Luis y Valle de San Juan.
La sentencia identificó cuatro patrones de macrocriminalidad: homicidios selectivos y masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado y mecanismos de financiación.
El fallo documentó además 181 hechos de desaparición forzada y 112 casos de desplazamiento forzado, conductas que la Sala calificó como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos.
En cuanto a las penas ordinarias, cuatro de los exparamilitares fueron condenados a 40 años de prisión, mientras que los demás recibieron penas de entre 16 y 25 años.
El componente patrimonial de la sentencia vuelve a poner en el centro de la discusión judicial el origen de los recursos utilizados para la adquisición y desarrollo de los bienes relacionados con Charlie Zaa, en un proceso que también busca esclarecer la forma en que el Bloque Tolima habría manejado sus mecanismos de financiación.
