La decisión del Tribunal Administrativo del Tolima consideró que la tutela no era el mecanismo jurídico idóneo para reclamar los derechos que Amaya y otros administradores removidos consideran afectados, señalando que cuentan con la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar las medidas correspondientes.
La decisión del Tribunal Administrativo del Tolima despejó uno de los recientes capítulos jurídicos de Velotax. El alto tribunal declaró improcedente la tutela interpuesta por Diego Alonso Amaya Montejo, quien buscaba controvertir su salida de la gerencia, y el proceso de saneamiento de la cooperativa continuará bajo las directrices de la Superintendencia de Transporte.
Guillermo Buenaventura Cruz, agente de saneamiento y representante legal de Velotax, explicó que la intervención tiene como propósito cumplir las órdenes del organismo de vigilancia y atender situaciones administrativas pendientes.
Entre los asuntos que deberán ser abordados está la situación de asociados que, según Buenaventura, fueron excluidos desde 2016 y no pudieron participar en determinadas asambleas.
“El agente de saneamiento debe sanear el listado de asociados y convocar una asamblea con todos los afectados y con todos los asociados”, sostuvo Buenaventura Cruz en diálogo con La Voz del Pueblo.
El funcionario aclaró que el proceso no pretende desconocer los derechos de quienes actualmente tienen capacidades transportadoras y prestan el servicio público.
Otro de los puntos que genera expectativa es la realización de una nueva asamblea de asociados. De acuerdo con Buenaventura, esta podría llevarse a cabo a finales de noviembre o durante diciembre de 2026, una vez se ajusten los términos de la intervención iniciada el 11 de junio.
El caso continúa teniendo un componente jurídico, pues Amaya y los demás administradores removidos podrían interponer las acciones legales que consideren pertinentes.
Por ahora, la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima permite que avance el proceso de saneamiento bajo la dirección de Buenaventura y las órdenes impartidas por la Superintendencia de Transporte.
