La Veeduría para el Desarrollo cuestionó el manejo ambiental de una obra vial que se ejecuta en zona rural de Ibagué y señaló que, según un informe de Cortolima, el proyecto no habría contado con los permisos ambientales correspondientes.
Héctor Galindo, integrante de la veeduría, explicó que desde la socialización de la obra había advertido a la administración municipal sobre la necesidad de verificar los permisos ante Cortolima, debido a que el sector intervenido hace parte de una zona de reserva forestal denominada Gaia.
Según Galindo, inicialmente se informó que el proyecto correspondía a una placa huella. Sin embargo, durante un recorrido de seguimiento, la veeduría encontró que se estaba realizando una ampliación de la vía y construyendo una estructura en concreto.
“Empezamos a ver todas las afectaciones de impacto ambiental, como echar el material por la montaña, contaminar los cauces de las quebradas, tala de árboles, mal perfilamiento de taludes”, señaló.
El integrante de la veeduría aseguró que también identificaron una fuente hídrica que atravesaba el sector de la carretera y cuestionó que, según su revisión, no se habrían realizado los trámites ambientales necesarios para su manejo.
Ante estas situaciones, Galindo manifestó que presentó un requerimiento ante Cortolima en mayo. De acuerdo con su relato, el 21 de mayo se realizó una visita técnica al lugar y posteriormente la autoridad ambiental habría emitido un informe en el que se advertían presuntas irregularidades y se contemplaba el inicio de un proceso sancionatorio.
“Cortolima nunca ha recibido ningún permiso, solicitud de permisos para esta obra. O sea, no tuvieron en cuenta la entidad ambiental”, afirmó Galindo al referirse al contenido del informe.
Cuestionan tala de árboles
Otro de los puntos señalados por la veeduría corresponde a la tala de árboles durante la ejecución de los trabajos.
Galindo estimó que durante el recorrido observaron alrededor de 10 árboles afectados y explicó que, de haberse realizado un aprovechamiento forestal autorizado, correspondería establecer las medidas de compensación respectivas.
“Uno tiene que sacar los permisos y yo no veo por qué no se hizo todo de una forma como lo determina la norma y la ley ambiental en Colombia”, manifestó.
También expresó preocupación por el estado de algunos taludes, señalando que durante visitas realizadas recientemente se observaron desprendimientos pese a que no se presentaban condiciones de lluvia.
Piden revisar el proyecto
Frente a los señalamientos de la administración municipal sobre posibles obstáculos al desarrollo de obras para el sector rural, Galindo negó que la intención de la veeduría sea detener los proyectos.
“No es poner un palo en la rueda. Cada obra que se haga en la ciudad tiene unos componentes que se deben cumplir y así lo determina la ley”, sostuvo.
El representante de la veeduría indicó que lo que se ha solicitado es detener temporalmente los trabajos para establecer si el proyecto corresponde a una placa huella o a una vía en concreto, revisar los permisos ambientales y definir un plan de manejo antes de continuar con la ejecución.
Además, cuestionó las posibles consecuencias económicas de un eventual proceso sancionatorio contra el municipio.
“Si el sancionatorio lo da y el municipio tiene que pagarle a Cortolima un peso, ¿ese peso de dónde sale? Creería que sale del impuesto de todos los ibaguereños. Entonces, ¿por qué permitimos hacer las obras con multas?”, expresó.
Galindo reiteró que la advertencia sobre los permisos ambientales fue realizada durante una reunión de socialización del proyecto, adelantada en abril en instalaciones de Acuabala, donde, según dijo, solicitó a la administración municipal verificar el trámite ante Cortolima.
Las declaraciones fueron entregadas a La Voz del Pueblo. Los señalamientos sobre la ausencia de permisos y el eventual proceso sancionatorio corresponden a lo expuesto por el representante de la veeduría y deberán ser contrastados con la Alcaldía de Ibagué, la Secretaría de Desarrollo Rural y Cortolima.
