El concejal de Ibagué por el Partido Alianza Verde, Andrés Zambrano, cuestionó un contrato por $900 millones suscrito por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y manifestó su preocupación por un evento realizado durante la Semana del Campesino, en el que, según afirmó, se habría anunciado la salida del entonces secretario de la dependencia y una posible aspiración a la Alcaldía.
El cabildante aclaró que no cuestiona las aspiraciones políticas del exfuncionario, sino el posible uso de recursos públicos para favorecer una futura candidatura.
“Nosotros hemos venido haciéndole llamados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta secretaría hizo un contrato de 900 millones de pesos y, justo dos días posteriores a la firma de este contrato, en un evento público que debería haber sido para celebrar y conmemorar la Semana del Campesino, la alcaldesa y su exsecretario de Agricultura dicen que él ya no va a seguir en el cargo y que es muy probable, en términos simbólicos, que sea candidato a la Alcaldía”, señaló.
Zambrano sostuvo que las aspiraciones electorales son legítimas, siempre que no se utilicen recursos del Estado para promoverlas.
“No importa si quiere ser candidato a la Alcaldía, está bien, democráticamente son bienvenidas las aspiraciones de la ciudadanía y de las personas que quieran hacerlo. El problema es que utilicen los recursos públicos y los eventos públicos como si fueran recursos propios para promover sus candidaturas”, afirmó.
El concejal insistió en que una eventual campaña política debe financiarse con recursos permitidos por la ley y no con dineros públicos.
“Si quiere ser candidato, hágalo, está bien, pero con su plata, con su liquidación, con sus recursos, con donaciones o con créditos que puedan sostener una campaña electoral, pero no con la plata de la gente, no con la chequera de la Secretaría de Agricultura. Esa no es la forma, no es la manera, eso no es ético”, expresó.
Asimismo, aseguró que, de presentarse una candidatura en el futuro, existe el riesgo de que sea financiada con recursos públicos.
“Es probable entonces que el otro año la financiación de esa campaña sea a costa del bolsillo de la gente, porque nosotros sostenemos con nuestros impuestos las finanzas del municipio y no lo hacemos para financiar la campaña electoral de alguien, sino para que le respondan a la ciudadanía con las principales necesidades que tiene Ibagué”, indicó.
Frente a una eventual investigación, Zambrano señaló que corresponde a los organismos de control determinar si existió alguna conducta disciplinaria.
“Eso hay que revisarlo por parte de la Procuraduría para establecer si de pronto hay alguna falta grave, alguna falta gravísima, alguna acción o alguna omisión. Que sea la Procuraduría la que determine si debería o no ser sancionado disciplinariamente por este tipo de actuaciones”, concluyó.
