La juez Décima de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, Andrea Upegui Tobón, denunció ante la Fiscalía que fue amenazada durante una visita oficial al Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué (Coiba Picaleña), situación que llevó a la suspensión temporal de las visitas presenciales que realizan los jueces de ejecución de penas a los centros de reclusión del Tolima.
Así lo dio a conocer Javier Valero, representante de Asonal Judicial, quien explicó que el hecho ocurrió hace aproximadamente 15 días, cuando la funcionaria cumplía una visita institucional acompañada por asistentes sociales.
“Efectivamente, hace aproximadamente 15 días la juez Décima de Ejecución de Penas de Ibagué, en una de sus visitas a cárceles que hacen dentro de sus funciones como juez de ejecución de penas para atender directamente a los PPL, recibió una amenaza directa por parte de un PPL en la cárcel Coiba o el Complejo Penitenciario de Ibagué”, afirmó Valero.
Según el dirigente sindical, durante la jornada un privado de la libertad, quien sería el jefe de ‘Los Rastrojos’, le manifestó que, si no le concedían la libertad condicional, ella y su familia debían “atenerse a las consecuencias”.
Valero indicó que, por razones de seguridad y para no afectar la investigación, no reveló la identidad del interno. “La doctora Andrea Upegui Tobón colocó la denuncia respectiva ante la Fiscalía y el caso se encuentra en investigación”, señaló.
Precisó el presidente de Asonal Judicial SI: “La doctora Andrea Upegui Tobón colocó la denuncia respectiva ante la Fiscalía. En este momento está en material de investigación y desde Asonal Judicial rechazamos ese tipo de amenazas contra la doctora Andrea Upegui y contra todos los demás jueces y compañeros asistentes sociales en la labor de su trabajo visitando a los PPL en los diferentes centros carcelarios del Tolima”.
Suspenden visitas a las cárceles
Tras lo ocurrido, los 11 juzgados de Ejecución de Penas del Tolima decidieron suspender temporalmente las visitas presenciales a los establecimientos penitenciarios del circuito judicial, mientras se adoptan medidas de seguridad.
De acuerdo con Asonal Judicial, estas visitas hacen parte de las funciones de los jueces de ejecución de penas, quienes acuden a los centros carcelarios para atender directamente a las personas privadas de la libertad y revisar asuntos relacionados con sus procesos judiciales.
“Los jueces de ejecución de penas han decidido suspender temporalmente las visitas a los complejos penitenciarios por temas de seguridad. Obviamente una amenaza de este tipo a todos los asusta, los inquieta, les genera desconfianza y zozobra. Los 11 juzgados de ejecución de penas van a suspender las visitas presenciales directamente a las nueve cárceles del circuito del Tolima”, explicó Valero.
El representante de Asonal Judicial recordó que estas visitas hacen parte de las funciones de los jueces de ejecución de penas, quienes se desplazan hasta los centros de reclusión para atender personalmente a las personas privadas de la libertad.
“Tengo entendido que se hace un listado por parte de la cárcel, se envía a los jueces con el número de personas que van a entrevistar y el juez va acompañado de uno o dos asistentes sociales y generalmente de uno o dos dragoneantes del Inpec del patio donde se encuentren los PPL recluidos”, explicó.
Solicitan mayores medidas de protección
El sindicato informó que el caso fue puesto en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial y la ARL Positiva, con el fin de que se implementen medidas de protección para jueces y asistentes sociales.
“Ese caso se corrió traslado al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, así como también a la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial para que tome las medidas pertinentes en garantizar la protección y la seguridad de los jueces y de los asistentes sociales”, aseguró el sindicalista.
Valero manifestó que algunos funcionarios cuentan con elementos básicos de protección, como chalecos antibalas y acompañamiento policial, pero consideró que estas medidas no garantizan plenamente su seguridad.
“Estamos elevando la petición para que se tomen todas las medidas de seguridad posibles. Ya fue una amenaza directa; aunque no dijeron ‘la vamos a matar’, sí dijeron ‘aténgase a las consecuencias’ usted y su familia. Entonces ya son amenazas directas que afectan el bienestar psicológico, emocional y físico de la juez”, afirmó.
Antecedentes
El representante de Asonal Judicial recordó que este año también fueron denunciadas amenazas contra jueces y fiscales del municipio de Fresno, quienes recibieron intimidaciones mediante correos electrónicos y mensajes, casos que también son conocidos por las autoridades competentes.
Sobre el responsable de la amenaza contra la jueza de Ibagué, el dirigente explicó que se trata de un interno recluido en un pabellón de alta seguridad, aunque evitó entregar más detalles para no afectar la investigación.
“Ibagué es un complejo penitenciario de alta seguridad. Fue dentro de uno de los patios de máxima seguridad. Sabemos que allí hay procesos contra narcotraficantes, jefes de autodefensas, jefes de clanes y personas privadas de la libertad que representan un riesgo potencial para la sociedad. Dentro de ese rango está la amenaza que recibió la juez”, concluyó.
