Durante 8 años fue sometida a todo tipo de vejámenes sexuales y amenazas.
Las autoridades capturaron mediante orden judicial a un hombre y una mujer, señalados de protagonizar durante varios años graves hechos de violencia física, psicológica y sexual contra una menor en la capital tolimense.
Las capturas se materializaron durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en el barrio Praderas de Santa Rita, en cumplimiento de órdenes emitidas por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué.
Los detenidos fueron identificados como Jhonathan David Pineda, de 36 años, conocido con el alias de “El Padrastro”, quien registra dos anotaciones judiciales como indiciado por actos sexuales con menor de 14 años y 1 más por inasistencia alimentaria; así como Edid Duarte Fuentes, de 37 años, conocida como alias “Edid”.
Estas personas deberán responder por los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años agravada, inducción al suicidio, aborto sin consentimiento, tortura agravada y violencia intrafamiliar.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades durante aproximadamente 6 meses, se logró establecer que el hombre, quien fungía como padrastro de la víctima, una adolescente actualmente de 17 años, presuntamente habría abusado de ella de manera sistemática desde que tenía 8 años de edad hasta los 16 años, en hechos ocurridos entre los años 2016 y 2025.
Según el proceso investigativo, la menor habría sido sometida de manera continua a múltiples formas de violencia y vulneración de derechos dentro de una vivienda ubicada en el barrio Ricaurte parte alta en el sur de Ibagué. Las autoridades evidenciaron presuntos actos de abuso sexual, agresiones físicas, maltratos psicológicos, confinamientos cuando la menor inicio a tener amigos en el sector donde residía, amenazas y constantes intimidaciones que habrían mantenido a la víctima bajo un ambiente de temor y silencio.
Dentro de los hallazgos recopilados por los investigadores se conoció que la víctima presuntamente era amenazada mediante grabaciones y fotografías íntimas realizadas por su agresor, quien al parecer utilizaba este material para intimidarla y evitar que denunciara los hechos. Asimismo, las autoridades documentaron episodios de extrema violencia, entre ellos ataques físicos, quemaduras con sustancias químicas y presuntos intentos de envenenamiento.
La investigación también permitió establecer que la adolescente habría sido víctima de embarazos a temprana edad y de abortos presuntamente inducidos sin su consentimiento, igualmente, se investiga la presunta participación de la madre de la menor, quien, al parecer, habría permitido y facilitado la continuidad de los abusos y demás agresiones cometidas contra su hija.
Las autoridades señalaron que los hechos se habrían presentado de manera continua y progresiva durante varios años, incluso bajo dinámicas de control extremo y aislamiento. Según las investigaciones, la adolescente permaneció encerrada durante largos periodos y constantemente era sometida a vigilancia y manipulación.
Los hechos fueron conocidos por las autoridades, luego de que la menor lograra abandonar el entorno de violencia y acudiera donde unos familiares, lugar desde donde posteriormente decidió interponer la denuncia. A partir de ese momento, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial adelantaron un proceso investigativo que incluyó entrevistas forenses, declaraciones juradas, valoraciones medico legales y diferentes herramientas técnicas especializadas, permitiendo recopilar el material probatorio para solicitar las órdenes de captura.
Durante la diligencia de allanamiento, las autoridades lograron la incautación de un computador portátil, 4 teléfonos celulares una memoria micro SD, elementos que serían sometidos a análisis técnicos y forenses como parte de la investigación en curso.
La adolescente fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento integral correspondiente.
Finalmente, los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y posteriormente cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
