La directora de Derechos Humanos de la Gobernación, Lina Sandoval, confirmó el trasladó al municipio para adelantar procesos de restablecimiento de derechos a menores de edad que habrían sido instrumentalizados durante las confrontaciones contra las autoridades.
La grave situación de orden público que enfrenta Ataco por cuenta de la minería ilegal sigue generando preocupación en las autoridades departamentales.
La directora de Derechos Humanos de la Gobernación del Tolima, Lina Sandoval, confirmó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, ya se trasladó al municipio para intervenir frente a las denuncias sobre menores de edad presuntamente utilizados durante la asonada contra la Fuerza Pública.
La funcionaria rechazó contundentemente que niños, niñas y adolescentes estén siendo expuestos en medio de confrontaciones relacionadas con operativos contra la extracción ilegal de oro.
“Es lamentable que pongamos la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes en peligro. No hay excusa, no hay justificación”, expresó Sandoval en diálogo con La Voz del Pueblo.
Según las denuncias conocidas por las autoridades, algunos menores habrían sido utilizados incluso para impedir las acciones del Ejército y la Policía, llegando a ubicarse sobre maquinaria empleada en actividades de minería ilegal para evitar su destrucción.
“Rechazamos contundentemente que sean instrumentalizados y usados estos niños, niñas y adolescentes”, insistió la directora de Derechos Humanos.
Frente a la situación, la Gobernación del Tolima pidió la intervención inmediata del ICBF para adelantar procesos de verificación y restablecimiento de derechos de los menores involucrados.
“Se requiere que estos padres sean responsables con sus acciones. No es posible que estos niños no se encuentren estudiando y estén siendo puestos en semejante peligro”, afirmó la funcionaria.
“Independientemente de dónde provengan, están infringiendo las normas y vulnerando los derechos de los menores”, señaló.
La directora explicó que desde la Gobernación del Tolima se adelanta acompañamiento institucional junto a la Fuerza Pública y las secretarías de Inclusión Social e Interior para garantizar la protección de los derechos humanos en la zona.
Finalmente, advirtió que dependiendo de la gravedad de los hechos, las autoridades competentes podrían adelantar procedimientos judiciales contra quienes hayan puesto en riesgo la integridad de los menores.
“Los padres y tutores tienen responsabilidades sobre esos niños y las instituciones deben garantizar que sus derechos no sean violentados”, concluyó.
