El exalcalde Juan Carlos Castaño lideró la acción que ahora deja en evidencia posibles fallas en la transparencia del proceso.
Una decisión judicial podría destapar uno de los mayores escándalos recientes en materia catastral en Colombia. Un juez laboral de Honda ordenó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, entregar los estudios técnicos que sustentan los avalúos masivos rurales en Mariquita, tras denuncias de incrementos desproporcionados que en algunos casos alcanzan hasta el 2.500%.
La acción de tutela fue promovida por el exalcalde de Mariquita, Juan Carlos Castaño, quien aseguró en La Voz del Pueblo, que las autoridades locales nunca recibieron la información necesaria para analizar ni tomar decisiones frente al impacto de estos avalúos en el impuesto predial.
Según explicó a esta redacción, el proceso de actualización catastral fue adoptado el 30 de diciembre de 2025, pero el IGAC habría incumplido la Resolución 192, que lo obligaba a entregar los soportes técnicos a los municipios en un plazo máximo de 30 días.
“Se tomaron decisiones a ciegas, sin estudios, sin mapas y sin claridad sobre los criterios utilizados”, afirmó Castaño, agregando que el impacto en el territorio es alarmante.
En Mariquita existen más de 14.000 predios rurales, muchos de los cuales registran incrementos abruptos en su valor catastral. Particular preocupación genera la denominada “zona geoeconómica 9”, donde, según denuncias, ni siquiera se conoce con precisión qué veredas la conforman, pese a presentar los aumentos más elevados.
La falta de información no solo ha limitado la capacidad de reacción de las autoridades, sino que ha dejado en estado de indefensión a miles de campesinos.
“¿Cómo se defiende un productor si no sabe con base en qué le están cobrando?”, cuestionó Castaño.
El fallo judicial ordena al IGAC entregar de manera inmediata los estudios, metodologías y soportes técnicos del proceso, lo que permitirá iniciar un análisis detallado sobre la legalidad y proporcionalidad de los avalúos.
El caso no es aislado. De acuerdo con el exmandatario, la problemática se extiende a 527 municipios en Colombia, con reportes similares en departamentos como Casanare y Norte de Santander.
Como respuesta, se abre ahora un nuevo frente: la revisión colectiva de avalúos por zonas geoeconómicas, mecanismo que deberá ser canalizado a través de las alcaldías. Sin embargo, expertos advierten que sin transparencia total, el conflicto podría escalar aún más en el país.
