El director Miguel Bermúdez defendió los controles en el corredor Líbano-Murillo-Manizales, aseguró que la protección del entorno obedece a un fallo judicial y advirtió que el refuerzo de autoridad es responsabilidad del Gobierno Nacional.
La creciente controversia por el uso turístico del corredor Líbano–Murillo–Manizales sumó una nueva voz oficial. El director de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, salió al paso de las críticas y defendió con firmeza las medidas restrictivas en la vía que conduce a una de las zonas más sensibles del entorno de Los Nevados.
Su mensaje fue directo en La Voz del Pueblo, “esa carretera no está hecha para paseo de olla”, reveló Bermúdez, además, explicó que, aunque el tramo no hace parte formal del Parque Nacional Natural Los Nevados, sí colinda con el ecosistema protegido, razón por la cual un juez de tutela y posteriormente el Tribunal Superior establecieron medidas rigurosas para garantizar la protección del parque como sujeto de derechos.
El funcionario sostuvo que las autoridades departamentales han cumplido con todo lo requerido en relación a capacitaciones, coordinación con la Policía, despliegue de agentes de tránsito y articulación con la concesionaria Alternativas Viales.
No obstante, advirtió que el verdadero problema aparece cuando se presentan concentraciones masivas de visitantes en una vía que no cuenta con bahías ni espacios de estacionamiento, lo que genera caos vehicular, riesgo de accidentes y presión sobre el entorno natural.
“La vía está para que los vehículos se movilicen. No tenemos bahías, no hay espacios de estacionamiento. Ya hemos realizado toda la pedagogía pertinente, el Tolima no puede cargar solo con la responsabilidad del control”, explicó.
Por eso, insistió en que el comportamiento ciudadano debe cambiar y que la visita a esta zona debe hacerse bajo criterios de respeto, contemplación y cumplimiento estricto de la normatividad ambiental.
El director aseguró que, por tratarse de una vía nacional, el incremento del pie de fuerza y el cumplimiento integral del fallo judicial deben ser asumidos por el Gobierno Nacional, particularmente por la Presidencia de la República, a quien estaría dirigida la orden del tribunal.
