La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo fue categórica al referirse que el pico y placa hacia Los Nevados no depende del Gobierno Departamental y su cumplimiento es obligatorio por mandato judicial.
En medio de la creciente tensión por el anuncio de un posible cierre de la vía Murillo – Manizales este 2 de abril, Jueves Santo, la Gobernación del Tolima dejó claro que no tiene competencia para desmontar o modificar el pico y placa ambiental que hoy regula el acceso al Parque Nacional Natural Los Nevados.
La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Ericka Lozano, en diálogo con La Voz del Pueblo respondió al comunicado emitido por integrantes del gremio de operadores turísticos de Murillo y aseguró que, aunque el Gobierno Departamental está dispuesto a escuchar a todos los sectores, no puede entrar a negociar una medida que obedece a una decisión judicial de obligatorio cumplimiento.
“No está dentro de nuestras facultades entrar a hacer negociaciones frente al pico y placa, porque es una orden impartida por un magistrado ponente”, sostuvo la funcionaria.
Según explicó, la restricción vehicular no surgió recientemente ni fue impuesta por la actual administración, sino que hace parte del cumplimiento de una sentencia derivada de una tutela que viene desde 2020 y que se empezó a aplicar desde octubre del año pasado, con el objetivo de proteger el ecosistema del Parque Los Nevados, declarado sujeto de derechos.
Lo que más llama la atención del Gobierno Departamental es que el anuncio de protesta se haya conocido a través de un comunicado público, pese a que un día antes se había adelantado una reunión institucional en Murillo con participación de entidades del orden regional, municipal, corporaciones ambientales y representantes del sector turístico.
“Ayer estuvieron incluso operadores turísticos y nunca se manifestó esta situación”, enfatizó Lozano, al señalar que durante el encuentro solo se avanzó en la activación del plan de protección para Semana Santa y no se planteó ninguna advertencia sobre bloqueos viales.
La secretaria advirtió además que resulta contradictorio que en una de las temporadas más fuertes para el turismo del departamento se promueva una protesta que podría afectar directamente la llegada de visitantes y, con ello, los ingresos de los propios prestadores de servicios.
Desde la Gobernación recordaron que el pico y placa ya contempla excepciones para ciertos casos, como el transporte de alimentos y algunas condiciones para residentes, por lo que insistieron en que no se trata de una medida improvisada, sino de una regulación ya conocida por las comunidades y actores del territorio.
