La mandataria Adriana Magali Matiz reveló que no hay claridad con las inspecciones que se hacen. Pide al gobierno Petro reforzarlos.
La falta de articulación entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional sigue siendo una de las principales grietas en la lucha contra la extracción ilegal de oro en el Tolima. Así quedó evidenciado al advertirse que, pese a los operativos y controles, la maquinaria pesada continúa llegando a zonas de explotación ilícita sin mayores obstáculos como Ataco y Coyaima.
El problema, explicó la gobernadora Adriana Magali Matiz, no es solo la ausencia de coordinación institucional, sino también la falta de claridad en la aplicación de las normas.
Aunque existen decretos departamentales que restringen la circulación de este tipo de maquinaria, muchos funcionarios desconocen cómo hacer efectivas esas disposiciones en los puestos de control.
La situación genera una paradoja alarmante, según Matiz, los vehículos son detenidos, presentan tarjeta de propiedad y documentación en regla, y terminan siendo autorizados para continuar su tránsito, pese a que posteriormente son utilizados en actividades ilegales.
“Cuando uno establece controles viales de la mano de la Policía del Ejército Nacional, ellos paran la máquina, muestran los papeles donde tienen absolutamente toda la documentación en regla y entonces los policías dicen, yo no puedo detener esta máquina, no la puedo decomisar porque está todo en regla y pasa la maquinaria efectivamente para realizar la extracción ilegal. Nosotros decimos, no, aquí hay que establecer unas reglas claras“, sostuvo la jefe del departamento del Tolima.
