Cientos de auxiliares de enfermería, vacunadores, fisioterapeutas y otros profesionales del sector de la salud están desesperados y al borde del colapso económico y emocional, algunos completan entre tres y cuatro meses sin percibir el pago por su trabajo, mientras las directivas de las IPS Segral ips emitieron un comunicado sobre el cierre operativo a partir del 15 de diciembre, y que en consecuencia las obligaciones económicas pendientes quedarán sujetas a disponibilidad de recursos.
De acuerdo a las denuncias allegadas a la Voz del Pueblo, centenares de trabajadores que prestan sus servicios en Ibagué y el Tolima, no han recibido respuestas claras sobre la retribución económica; y muchos de ellos, son madres cabeza de familia, y que no saben que hacer ante la llegada de la jornada decembrina y la época de matriculas de sus hijos. “En nuestro contrato está estipulado que los pagos deben hacerse los primeros días, pero la verdad es que no nos dicen nada, mantienen con los celulares apagados y uno va y nadie le da a uno la cara, simplemente siguen contratando más gente mientras nosotros no recibimos ni un peso”, expresó una de las afectadas, visiblemente cansada y frustrada.
Drama humano detrás de los números
Aunque la situación ha estallado en Ibagué, no es la primera vez que casos similares salen a la luz en otras regiones del departamento e inclusive del país, donde trabajadores vinculados a programas de salud han enfrentado retrasos de honorarios y falta de claridad sobre sus pagos. Del mismo modo, trabajadores en Ibagué de la IPS Promover S.A. continúan denunciando que esta situación también les afecta sus finanzas, ya que tampoco han encontrado respuesta de las directivas de esta institución prestadora de servicios de salud ubicada en la Cra 4B #33-08, en el Barrio Cádiz, Ibagué.
Los trabajadores exigen respuestas urgentes
La indignación no solo se limita a quienes esperan sus salarios: familiares, vecinos y ciudadanos ibaguereños han expresado su preocupación por la situación, pidiendo intervención de las autoridades laborales y sanitarias para garantizar el pago justo y oportuno de quienes cumplen funciones esenciales en salud.
