Este 26 de octubre, el país fue testigo de una jornada electoral que, en principio, pretendía ser un ejercicio democrático de vital importancia para el futuro político de Colombia. Sin embargo, detrás de la convocatoria del Pacto Histórico para consultar al pueblo, se esconde una realidad mucho más oscura y cuestionable: la millonaria inversión pública que se destinó a esta consulta y que, sinceramente, pudo haberse empleado en cuestiones mucho más urgentes y necesarias para el bienestar de la ciudadanía, señaló el presidente de la Asamblea Del Tolima Giovanny Molina.
No se trata solo de un gasto, sino de un derroche. El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que el costo total de la consulta interpartidista del Pacto Histórico ascendió a $193.517 millones, monto aprobado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional a comienzos de octubre. La cifra corresponde a la solicitud presentada por la Registraduría Nacional, que asumió la organización del proceso electoral en todo el territorio nacional.
Casi 193.517 millones de pesos fueron destinados a una consulta que, a decir de muchos, no cambia el panorama político de fondo en el país. Una cifra absurda, que si tomamos en cuenta este presupuesto podría haberse invertido en necesidades básicas que cada día se hacen más urgentes en distintos territorios y comunidades de Colombia: salud, seguridad, educación. ¿De verdad valió la pena tanto dinero por un capricho político de unos pocos?
Según Molina: «no es que la democracia no valga la pena, pero la realidad es que, en un país como Colombia, donde la brecha de pobreza crece año tras año, donde millones de ciudadanos aún carecen de acceso a servicios de salud dignos y donde las calles siguen siendo un campo de batalla entre delincuentes y policías, ¿es realmente prioritario destinar tanto dinero a un proceso que, para muchos, podría haberse hecho de manera mucho más económica o incluso evitado?».
La Injusticia de la Prioridad
La cifra es alarmante, pero no lo es tanto como el hecho de que este gasto millonario, que solo beneficia a un pequeño grupo de actores políticos, se haya producido en un contexto en el que la seguridad en muchas zonas del país sigue siendo un desastre. La seguridad ciudadana no es un lujo, es una necesidad básica y urgente. Miles de colombianos viven bajo la amenaza constante de grupos armados ilegales, de secuestros, de extorsiones y de la violencia generalizada. ¿Es este el país que realmente necesitamos financiar?
Además, en el ámbito de la salud, la crisis no da tregua. Las listas de espera son interminables, los hospitales están colapsados y las vidas humanas siguen siendo sacrificadas a la falta de recursos y el cierre inminente de algunas EPS. ¿Por qué gastar cifras tan astronómicas en consultas electorales que no cambiarán el rumbo de un país lleno de necesidades urgentes? Es una vergüenza que el gobierno no vea lo que está a la vista de todos: la verdadera urgencia está en garantizar que los colombianos tengan acceso a una vida digna, segura y con honor; sentenció el presidente de la duma departamental Giovanny Molina.
