El nuevo Decreto 1017, expedido por el Ministerio de Transporte el pasado 21 de septiembre, encendió las alarmas en el sector de carga del país. Aunque su objetivo es modernizar, formalizar y digitalizar la operación del transporte de mercancías —un sector que moviliza cerca del 80% de los productos nacionales—, los gremios advierten que la norma podría dejar por fuera a los pequeños transportadores que no cuentan con el capital ni las herramientas tecnológicas para cumplir los nuevos requisitos.
La medida, que entró en vigencia inmediata, busca cumplir parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno durante el paro camionero de 2024. Entre sus principales exigencias está que cada transportador se constituya como empresa formal, maneje sistemas digitales de control y facturación, y cumpla estándares financieros y técnicos más estrictos. En teoría, el propósito es combatir la informalidad y mejorar la competitividad del sector.
Sin embargo, los transportadores independientes aseguran que la norma los pone contra las cuerdas. “Nos están pidiendo ser empresarios cuando apenas sobrevivimos al día a día. Muchos no tenemos cómo invertir en plataformas digitales ni cumplir con tantos trámites”, señalaron voceros de pequeñas cooperativas en distintas regiones del país.
De acuerdo con líderes del gremio, el Decreto 1017 podría tener un efecto contrario al esperado: aumentar la informalidad al expulsar a quienes no logren adaptarse al nuevo modelo. “Esto es un filtro que solo pasarán los grandes. Los pequeños quedamos sin opción”, advirtieron.
El Ministerio de Transporte defiende la medida argumentando que busca “ordenar el sector y dignificar la labor del transportador”, además de reducir la competencia desleal y garantizar mayor seguridad en las vías. No obstante, la transición genera incertidumbre sobre el futuro de miles de familias que dependen de este oficio.
El reto ahora, según analistas del transporte, será implementar el decreto sin sacrificar a quienes han mantenido en movimiento la economía del país durante décadas, muchas veces sin apoyo ni garantías del Estado.
