Lo que para unos se trató de un fallo judicial, para otros fue un golpe al corazón de un hogar campesino que ha vivido por más de tres décadas en el Cañón del Combeima.
Este viernes, dos familias fueron desalojadas y sus viviendas demolidas en medio de enfrentamientos con la fuerza pública, luego de que un juez fallara a favor de un particular en un proceso de reivindicación de tierras.
“Este es el fruto de toda la vida, llevamos aquí más de 37 años aquí. Es muy doloroso ver cómo destruyen lo que levantamos con esfuerzo y con el sudor de nuestra frente, es completamente injusto lo que está sucediendo con nosotros”, Ana Gilma Vaquiro, una de las adultas mayores afectadas en la orden de desalojo.
Una vocera de la guardia de la indígena denuncia que durante el procedimiento se ignoró la jurisdicción indígena y los derechos humanos que le asisten a este grupo poblacional. “Esto es un atropello ancestral. Nos desconocen como autoridades indígenas y nos tratan como invasores, cuando aquí hemos vivido por generaciones”, expresó Diana Carolina Aterhortua perteneciente al sistema normativo jurídico propio del pueblo pijao.
Según los testimonios de la comunidad aledaña, enuncian que Cortolima ya en múltiples instancias había manifestado su oposición al desalojo, aduciendo que no es posible reivindicar predios estatales. Sin embargo, el juez determinó fallar en favor de un particular que adquirió títulos del predio hace alrededor de diez años. Al finalizar el proceso de desalojo, se llevó a cabo por parte de las autoridades la demolición de las dos viviendas no sólo afecta a estas familias, sino que pone en alerta a otras diez familias del sector, que según la sentencia judicial podrían enfrentar desalojos en los meses próximos.
