El pasado martes, la Comisión IV del Senado dio un paso decisivo en la discusión de la reforma laboral, al aprobar en tercer debate el proyecto de ley que busca modificar las condiciones laborales en Colombia. Con esta aprobación, la iniciativa se dirige ahora a la plenaria del Senado, donde su destino está por definirse, dado que la bancada del Gobierno no cuenta con mayoría absoluta para garantizar su aprobación definitiva.
El debate, marcado por una intensa jornada de deliberación, contó con la presencia de dos ponencias. La oficial, construida en consenso por varios partidos y encabezada por la senadora Angélica Lozano, y la del Gobierno Nacional, presentada por la senadora Aída Avella, que recogía algunos elementos de la propuesta pasada en Cámara y que fue rechazada con 12 votos en contra y solo uno a favor.
Entre los aspectos más destacados de la reforma aprobada, se encuentran avances en la protección social y en la regulación del trabajo digital. Se reconoció, por ejemplo, la relación laboral y la afiliación al sistema de seguridad social de más de 120.000 repartidores de plataformas digitales en el país, en un proceso de concertación entre el Ministerio del Trabajo y la organización Alianza In. El director ejecutivo de esta agrupación, José Daniel López, celebró que con esta norma Colombia esté a punto de contar con una legislación pionera a nivel mundial en protección a los trabajadores digitales, sin obstaculizar la innovación.
Asimismo, fue aprobada la inclusión del pago de salario mínimo para internos de medicina en prácticas profesionales en hospitales públicos y privados, financiado por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Además, se dio luz verde a la posibilidad de que los micronegocios y trabajadores de bajos ingresos puedan cotizar proporcionalmente al sistema de seguridad social, promoviendo así la formalización en sectores tradicionalmente excluidos.
Durante la jornada, se aprobaron en total 55 artículos, agrupados en dos bloques, que abordan temas como el reconocimiento de derechos laborales para periodistas y trabajadores del arte, la creación de programas como CREA EMPLEO y Primer/Último Empleo, así como la regulación del teletrabajo, el trabajo a distancia y la Unidad de Trabajo Especial (UTE) para quienes ganan menos del salario mínimo. También se incluyeron disposiciones relacionadas con la formación en empleos verdes, el impulso al trabajo en zonas PDET y ZOMAC, y la protección a la mujer rural campesina.
Uno de los puntos más polémicos fue el artículo 11, relacionado con el recargo nocturno. Originalmente, se proponía que este recargo comenzara a las 7:00 p.m., permitiendo excepciones para pequeñas empresas que podrían seguir con recargos a partir de las 9:00 p.m. Sin embargo, tras un debate, la senadora Lozano propuso eliminar estas excepciones y que el Gobierno implemente programas para proteger y generar empleos. En cuanto al pago de dominicales y festivos, se acordó que también se remuneren al 100%, modificando la propuesta inicial que solo garantizaba este porcentaje para días festivos.
Otros artículos clave, como los relacionados con los contratos de aprendices del Sena, también fueron aprobados por separado, estableciendo que estos contratos serán una modalidad especial con remuneración del 75% del salario mínimo en la fase lectiva y del 100% en la etapa práctica. Además, se determinó que los contratos a término fijo no podrán extenderse por más de cinco años.
El proyecto ha enfrentado críticas de sectores opositores y de representantes laborales. El diputado Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, señaló que la pérdida de propuestas y la negación de derechos básicos representan una oportunidad perdida para revertir décadas de debilitamiento laboral en el país, advirtiendo que si no prospera en el Senado, podría desembocar en una huelga general. Por su parte, la senadora Aída Avella lamentó que su ponencia alternativa fuera rechazadas, acusando que primó la justicia empresarial y que las voces de sindicatos y gremios fueron excluidas en el proceso.
El tiempo para la aprobación definitiva del proyecto en el Senado es limitado, pues debe ser aprobado antes del 20 de junio, o de lo contrario, corre el riesgo de hundirse por tercera vez en el Congreso. La próxima etapa será la votación en la plenaria, donde el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un escenario complicado, dado que no tiene mayorías aseguradas. La expectativa es que, si no se logran consensos, la iniciativa podría volver a fracasar, poniendo en duda sus promesas de mejorar las condiciones laborales en Colombia. La ciudadanía y los actores sociales permanecen atentos a este proceso, que podría marcar un punto de inflexión en la historia laboral del país.
