En el momento de los hechos, el detenido laboraba en un juzgado civil del circuito judicial de Ibagué.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre, quien, mientras se desempeñaba como auxiliar de justicia entre marzo y agosto de 2016, se habría apropiado irregularmente de un tractocamión avaluado en $211 millones, el cual, estaba bajo su custodia.
Se trata de Reinaldo Romero Ortega, a quien un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima le imputó los delitos de fraude a resolución judicial, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación. El procesado no aceptó cargos, y deberá cumplir medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario.
La investigación permitió establecer que el procesado había sido designado como secuestre en un caso ante un juzgado civil de Ibagué. En su calidad de administrador del bien, presuntamente vendió el automotor en repetidas oportunidades.
El material de prueba da cuenta de que el procesado se habría llevado el vehículo del parqueadero donde se encontraba por órdenes del juez, para vendérselo a un comerciante de Cartago (Valle del Cauca) por un valor de 180 millones de pesos.
Para justificar dicha situación ante el juzgado, Romero Ortega, al parecer, proyectó un oficio informando que el vehículo se encontraba en un parqueadero de Bogotá para que se hiciera cargo de él una empresa de esa ciudad, información que no era cierta.
El vehículo fue inmovilizado por la Policía Nacional, tras una denuncia que interpuso el propietario del carro por hurto, ya que no tenía respuesta por parte del procesado de la ubicación.
El investigado logró que el vehículo le fuera devuelto y que el juez lo asignará nuevamente como secuestre del mismo, situación que, al parecer, aprovechó para ponerlo en circulación y presentó un contrato de arrendamiento del camión a una empresa de Bogotá por 3 millones de pesos, documento que sería falso.
Esta persona habría vendido el camión a un tercero nuevamente y como parte de pago recibió dos carros y 46 millones de pesos. La situación fue detectada por el juzgado, por lo cual ordenó que el bien fuera inmovilizado.
Romero Ortega fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional en Carmen de Apicalá. El juez Séptimo de Control de Garantías, ordenó la suspensión de las funciones como secuestre.
Asimismo, el togado ordenó la compulsa de copias ante la Comisión de Disciplina Judicial del Tolima para que se investigue la conducta del imputado y solicitó al Consejo de la Judicatura se comunique a los despachos judiciales donde viene actuando el imputado.
