El mismo, según el presidente de la Junta de Acción Comunal, estaba en los planos y planeación del barrio para que allí funcione el salón comunal y no un parqueadero como en la actualidad funciona.
Un conflicto legal ha surgido en el barrio Ambiarikaima, donde la comunidad se enfrenta a una demanda que pone en riesgo su zona comunal de 44,000 metros cuadrados. La controversia se remonta a la liquidación de un predio gestionado por un liquidador y su asesor, Víctor Manuel Palomar, desde 2012.
La situación se complicó en 2018, cuando en un proceso que cursa ante el juzgado Quinto Civil Municipal, aparece el nombre del señor identificado como Jackson Martínez, quien alegó derechos sobre el predio.
La comunidad sostiene que el predio nunca fue abandonado y que ha estado bajo la administración del liquidador y su asesor. Además, existe preocupación por la existencia de un parqueadero que ocupa parte de la zona comunal, un hecho que ha intensificado la lucha por la defensa de sus derechos.
“Nos llevamos una sorpresa porque resultó una demanda en el Juzgado Quinto Civil Municipal, por personas que no conocemos, tal un señor Jackson Martínez, quien puso la demanda, llevando a nosotros una sorpresa grandísima porque fuimos al juzgado a mirar de qué se trataba, y nos encontramos que la doctora Pamela Palomar es la hija del señor Víctor Manal Palomar, quien tiene el conocimiento total de esa liquidación, y es la abogada que está en contra de la comunidad, y está con el señor Jackson que no conocemos”, dijo Julio César Betancourt, Presidente junta Ambiarikaima.
El líder comunal fue enfático y aseguró: “Aquí hay algo muy delicado, demasiado, ahora poco hubo una audiencia con el juzgado, esto se hizo virtual, el señor Jackson no dio ni la cara, apenas veíamos la frente de este señor, no lo conocemos y él dice que nunca ha vivido en ese predio, que nunca ha ido allá, pero que él aporta el capital a un señor que se llama José Guzmán, tampoco lo conocemos, no sabemos quién es”.
Recientemente, se intentó vincular al municipio de Ibagué en el proceso, pero la respuesta jurídica fue que se trata de un asunto privado, dejando a la comunidad sin apoyo institucional en su disputa.
Los habitantes de Ambiarikaima han expresado su determinación de defender su territorio y han hecho un llamado a las autoridades para que intervengan en este conflicto que afecta sus derechos como comunidad. La situación continúa desarrollándose, mientras los residentes buscan claridad y justicia en un proceso que consideran irregular.
