El director de Participación Ciudadana de Ibagué, explica por qué y detalló sobre el tema de la medida de la DIAN que deben seguir este tipo de organizaciones.
Ante la posible disolución de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Brisas, Jorge Iván Sabogal, director de participación ciudadana de Ibagué, señaló que la misma aún no se ha cumplido tal trámite, y explicó el requisito que ha impuesto el Gobierno Nacional con la DIAN, para rendir un informe trimestral.
Sabogal afirmó que, aunque algunas juntas están enfrentando desafíos: “La ley 2176 es joven y aún se encuentra en proceso de interpretación y aplicación”, explicó, destacando la necesidad de consultar con el Ministerio del Interior para aclarar los procedimientos legales relacionados con la liquidación de juntas.
Uno de los temas más críticos es el Riso Único Beneficiario, una medida instaurada por la DIAN en 2021 que afecta a entidades sin ánimo de lucro. Sabogal subrayó que muchos presidentes de juntas han expresado su preocupación por las complicaciones que esto genera, considerando que el proceso es nuevo y complejo para muchas comunidades.
“Es fundamental que la DIAN y el Gobierno Nacional revisen la metodología de implementación de estas normativas. Las decisiones deben tomar en cuenta la realidad de las regiones y no solo lo que se elabora en Bogotá”, dijo, haciendo un llamado respetuoso a las autoridades para que busquen alternativas que se ajusten a las capacidades locales.
Sabogal concluyó enfatizando la importancia de un diálogo continuo entre las entidades gubernamentales y las organizaciones comunitarias, con el objetivo de encontrar soluciones viables que no pongan en riesgo la operatividad de las Juntas de Acción Comunal.
La situación actual plantea un reto significativo para más de 66,000 juntas a nivel nacional, que enfrentan la incertidumbre y la necesidad de adaptarse a nuevas normativas en un contexto ya complicado por brechas digitales y limitaciones de conocimiento en las comunidades.
Recordó el funcionario que incluso la Alcaldesa de Ibagué envió un oficio a Asocapitales para que la DIAN revise este tema de manera diferencial, pues esta última entidad, ha ampliado el tema del informe hasta enero de 2025 y esto implica que cada tres meses se presente un informe firmado por un contador, el fin del mismo es evitar un posible lavado de activos.
