Lo anterior, responde a las dificultades y malinterpretaciones en las competencias relacionadas con la implementación de este registro.
La Administración Municipal expresó su preocupación y apoyo hacia las más de 500 Juntas de Acción Comunal de la ciudad, destacando el desafío que representa el Registro Único de Beneficiarios para estas organizaciones.
El registro exige que los presidentes de las JAC, como representantes legales, reporten a sus afiliados. No cumplir con esta obligación o cometer errores en la plataforma conlleva sanciones pecuniarias.
“Entendemos que muchos presidentes de las JAC no cuentan con las habilidades necesarias para manejar estas herramientas tecnológicas. La realidad en Colombia es que la Acción Comunal no está preparada para enfrentar estos temas de forma adecuada”, señaló Jorge Sabogal, director de Participación Ciudadana.
La Administración ha instado a la DIAN a replantear la resolución vigente que regula este registro, argumentando que una simple extensión de plazos no resuelve el problema fundamental.
“Sugerimos que la DIAN revise y ajuste esta normativa para que sea más accesible y manejable para las JAC de todo el país, no solo de Ibagué y el Tolima”, añadió el director.
Aunque la Dirección de Participación Ciudadana, conocida popularmente como la Oficina 310, había ofrecido apoyo y capacitaciones a las JAC, las dificultades y la falta de claridad en las competencias han llevado a la suspensión de estas actividades.
“A partir de hoy suspendemos las capacitaciones. Es responsabilidad de la DIAN llevar a cabo este proceso de capacitación y acercamiento con las JAC, si así lo deciden”, concluyó Sabogal.
