Los funcionarios realizaron el cese de actividades en las diferentes sedes del país bajo el lema: “Todos somos Kelly Vergara”.
La sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Ibagué, de la calle 42 con carrera Quinta estuvo cerrada al público y con sus funcionarios, los que pertenecen al sindicato de la entidad, en protesta por un fallo judicial emitido en contra de una Defensora de Familia, quien fue condenada por el recordado caso denominado ‘Peces Vivos’.
A través de la cuenta de la red social Instagram, el sindicato del ICBF sintrabienestar compartió nueve fotografías, donde, en igual número de sedes en el país, los funcionarios protestaron por el fallo adverso en contra de Kelly Tatiana Vergara Ramírez.
En apoyo a la funcionaria señalaron que: “las fallas del servicio son responsabilidad del ICBF y no responsabilidad de los trabajadores”. Además, lo que habría molestado al sindicato es que el Instituto se declaró víctima dentro del proceso, y sienten que dejaron sola a la Defensora de Familia.
Y con las fotos escribieron: “#SINTRABIENESTARINFORMA que nos encontramos trabajadores y trabajadoras del @icbfcolombiaoficial en todas las regionales del país exigiendo #justiciaparakelly la falla del servicio es responsabilidad del @icbfcolombiaoficial hoy #kellysomostodos exigimos #ampliaciondeplantaya”.
La Voz del Pueblo habló con Carolina Leyes, presidenta de Sintrabienestar, que es el sindicato de trabajadores del ICBF en el Tolima, quien precisó que hicieron ese cese de actividades por el proceso de Kelly Tatiana Vergara Ramírez.
“Al día de hoy está siendo judicializada y contra ella fue librada una orden de captura por estar ejerciendo sus funciones. Funciones que ejercía con toda la rectitud, la idoneidad y el rigor que el caso amerita. Sin embargo, dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay fallas en la operación y hay serias situaciones que están vulnerando los derechos del personal”, explicó Leyes.
Según la funcionaria, han exigido las condiciones, como nombramiento de las vacantes existentes, que darían salida a muchas situaciones y la solicitud de ampliación de planta, y más en este momento por el cumplimiento del horario 24/7.
“La protesta fue por la dignidad de la compañera trabajadora y Defensora de Familia, pero también para exigirle al Instituto que cumpla con lo que debe cumplir y es un servicio digno para toda la comunidad, con las condiciones y garantías necesarias”, precisó la sindicalista.
Es de recordar que una Fiscal adscrita a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó a Kelly Tatiana Vergara Ramírez como presunta responsable del delito de prevaricato por omisión agravado.
Aseguró que el Instituto tiene fallas y la tapan con la orden de captura en contra de la Defensora, “hoy se le dice que la doctora no hizo lo correspondiente que debía hacer y por eso sigamos, por eso está siendo juzgada, sin embargo, las evidencias están dentro del proceso. Hoy en día, con el resultado de la orden de la liberación de la orden de captura que tiene la compañera. O sea, los problemas estructurales del instituto están siendo cubiertos por los trabajadores”.
Añadió que el ICBF, “lo que hace es declararse víctima de la de la trabajadora, algo inconcebible y algo con lo que no estamos de acuerdo, es por supuesto que todo el país se une en solidaridad con la compañera, porque hacemos el trabajo como debe ser”.
Por último, indicó que en la Seccional Tolima continuarán con el cese de actividades de manera indefinida y continuarán apoyando el proceso en contra de Kelly Tatiana, hasta las últimas instancias judiciales, enfatizando, que ella es inocente.
Vergara Ramírez, en el año 2017 se desempeñaba como defensora de familia del Bienestar Familiar y está siendo judicializada por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en la Fundación Peces Vivos de Ibagué, donde presuntamente, sometieron a por lo menos 40 menores de edad con discapacidad y condiciones especiales, a toda clase de maltratos.
El proceso judicial
Según la Fiscalía, la funcionaria, al parecer, era la encargada del restablecimiento de derechos de 20 de las víctimas, y pese a las denuncias instauradas por los familiares de dos de los menores, no adelantó ninguna investigación.
El juicio oral en contra de Vergara Ramírez estuvo a cargo del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué, donde el pasado viernes 8 de marzo el administrador de justicia, durante su sentido de fallo, la encontró culpable de los cargos que la acusó la Fiscalía.
La lectura de fallo estaba programada para este viernes 15 de marzo a las 4:00 de la tarde, no obstante, la misma fue aplazada para el próximo viernes 22 de marzo a la misma hora, debido a que cambió de abogado, además, ella no se presentó porque tiene un problema de salud.
Según indicaron algunas fuentes del Instituto, la funcionaria sería condenada a 36 meses de prisión, que equivalen a tres años de prisión y por el tipo de delito, deberá pagarlo de manera física en un centro de reclusión o como decida el Juez de Conocimiento.
