El gobierno del presidente Gustavo Petro busca modificar la Ley 142 de 1994, con la cual se establece el régimen de servicios públicos. Con esta se busca asegurar servicios vitales a la población como alcantarillado, luz eléctrica y agua potable.
Desde el pasado mes de septiembre, el presidente Gustavo Petro anunció en un discurso que dio en la Plaza de Bolívar que buscaba realizar esta reforma con el fin de beneficiar a los usuarios con tarifas justas.
Petro expresó en aquella ocasión que las leyes actuales que establecieron estos servicios han dado preferencia al empresario en lugar del usuario, dejándolo en una posición desventajosa.
Ahora bien, Portafolio, medio de comunicacón digital, dio a conocer el borrador de la reforma que plantea el Gobierno Nacional a los servicios públicos.
“Esta reforma busca promover y fomentar la universalización, los derechos de los usuarios y suscriptores y la prestación eficiente de dichos servicios por parte del Estado, las comunidades organizadas y los particulares, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo y bienestar de la sociedad”, explica el proyecto en su artículo 1.
Este documento, que tiene 85 páginas y 140 artículos, cuenta con el respaldo del Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos. En este se habla sobre las facultades que tendría el presidente Petro.
“La regulación de los servicios públicos está a cargo del Presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente, según lo estipulado en el artículo 68 de la presente ley, o delegarla en las comisiones de regulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política”, dice el proyecto.
Asimismo, en el artículo 67 se habla sobre las funciones de los Ministerios que estarán encargados de promover y reglamentar la promoción de nuevas tecnologías para prestar estos servicios, todo bajo la dirección del Presidente.
El proyecto establece que la Superintendencia tendrá como funciones principales vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos aplicables a los proveedores de servicios públicos, en aquellos aspectos que afecten a los usuarios. Asimismo, se le otorga la facultad de imponer sanciones por cualquier violación a estas normativas, excepto cuando dicha función corresponda a otra autoridad competente.
