En la investigación se estableció que sería el responsable de enviar varios mensajes contra el congresista, a través de una red social.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Juan Carlos Osorio Duque como presunto responsable de varias amenazas contra el senador Roy Leonardo Barreras Montealegre, en septiembre de 2020.
Esta persona, a través del sistema de mensajería de una red social, al parecer, envió al congresista diversos textos con palabras injuriosas, amenazas de muerte y reproches por su actividad legislativa y la posición que tenía respecto a varios temas de interés nacional.
El congresista denunció lo ocurrido y publicó los mensajes intimidatorios días después de recibirlos. Ante esto, Osorio Duque eliminó el perfil desde el cual habría escrito y dirigido los ataques.
Por estos hechos, una fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El procesado, que reside en Manzanares (Caldas), no aceptó el cargo en su contra.
Aberrante. Un hombre había aprovechado la cercanía con una familia para, al parecer, abusar sexualmente de una menor de edad
La investigación liderada por un fiscal de la Seccional Risaralda, apoyado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, permitió capturar a un hombre conocido con el alias de El Chismoso, a quien se le atribuye el abuso sexual de una menor de 12 años de edad.
Labores de policía judicial evidenciaron que los hechos investigados ocurrieron en junio de 2022 cuando el implicado, de 23 años, habría agredido sexualmente a la joven en una vivienda del barrio La Unidad de Pereira.
Al parecer, el hombre logró ingresar a la residencia aprovechando la aparente amistad que tenía con los familiares de la víctima a quien se cree sometió a distintos vejámenes sexuales. Según se logró establecer, el agresor habría amenazado a la menor con atentar contra su vida y la de sus familiares si lo denunciaba.
El procedimiento de captura del imputado estuvo a cargo de funcionarios del CTI y la Policía Nacional y se realizó en el parque Olaya Herrera de la capital risaraldense. La Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable de acceso carnal violento agravado, cargo que no fue aceptado.
Por solicitud de la Fiscalía un juez de control de garantías privó al procesado de la libertad en centro carcelario.
