El Gobierno Local lideró las mesas de concertación con representantes de los transportadores buscando alternativas de solución para levantar el cese de actividades, que ha afectado a los trabajadores ibaguereños y gran parte de la economía de la ciudad.
Dentro de los diálogos, el alcalde Andrés Hurtado y los asesores jurídicos del Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, detallaron, una vez más, los pormenores del porqué los transportadores locales no se quedaron con la operación del recaudo, control de flota e información al usuario.
“El sistema de recaudo establece unas condiciones para su operatividad. Esas son: Un aliado tecnológico, autorización del ente gestor para poder ser habilitado; y tiene uno que es muy importante que es la acreditación, con la Cámara de Comercio, explícita en el objeto social como operador del recaudo. Requisito que tampoco fue cumplido por las siete empresas”, mencionó Diego García, asesor jurídico del SETP.
De igual manera, el funcionario aclaró que “no fue adjudicado a dedo, no fue así. El convenio interadministrativo es una modalidad de contratación directa, por lo que no se necesitó hacer oferta pública, es discrecional hacer cualquiera de las dos”.
Pero, ¿por qué se eligió el convenio interadministrativo? Según el abogado Diego García, se hizo así con el fin de evitar dilaciones y suspicacias futuras, y garantizar que no haya concesiones, ya que los convenios entre dos entidades públicas no lo permiten y brindan más seguridad para la operación del recaudo.
Oficina de Prensa Alcaldía de Ibagué
